Historia de la clase obrera en España

Un artesano de Valencia con su familia, en un rincón del taller.  Los cuestionarios de la CRS sobre la vida de los trabajadores institucionalizaron la investigación sociológica en España.

Un artesano de Valencia con su familia, en un rincón del taller. Los cuestionarios de la CRS sobre la vida de los trabajadores institucionalizaron la investigación sociológica en España.

Durante las últimas décadas del siglo XIX, un grupo de intelectuales españoles vinculados a la Institución Libre de Enseñanza pergeñó un programa de reformas sociales. Conocían las malas condiciones de vida de los trabajadores, la insuficiencia de los salarios, las largas jornadas laborales, la imposibilidad de asistir a la escuela de muchos niños, obligados a trabajar, la falta de higiene o insalubridad de los talleres y los frecuentes accidentes laborales. Además, estaban preocupados por los visos perceptibles del conflicto social.

Con una concepción organicista de la sociedad, e ilusionada por los estudios sociológicos, esta élite intelectual aprovechó la llegada al Ministerio de Gobernación de uno de sus miembros, Segismundo Moret, en el gabinete de Posada Herrera, para llevar a la práctica su ideario reformista. En 1883, Mo

Ret creó una Comisión para el estudio de las cuestiones que interesan a la mejora o bienestar de las clases obreras tanto agrícolas como industriales y que afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo.

Con la reestructuración de 1890, pasó a denominarse simplemente Comisión de Reformas Sociales (CRS). Su misión era elaborar dictámenes sobre medidas legales concretas.

De modo expreso, se enumeraban algunas prioridades: el fomento de jurados mixtos, para favorecer las relaciones de obreros y patronos; la instauración de Cajas de retiros y de socorros para enfermos e inválidos; la regulación del trabajo de mujeres y niños; medidas de higiene y salubridad en los talleres; creación de instituciones de crédito agrícola; y la adopción de disposiciones para favorecer las sociedades de socorros mutuos y cooperativas, y a estimular la construcción de viviendas obreras.

El grupo fundador pretende potenciar una cultura política más solidaria entre los distintos grupos sociales y el desarrollo de un Estado tutelar, encargado de evitar abusos. Los responsables de la iniciativa buscaron la colaboración de conservadores y católicos.

Deseaban que la CRS no se convirtiera en una cuestión de partido, sino que quedara vinculada a la Monarquía, planteando la cuestión social como una cuestión de Estado. En consecuencia, el Gobierno liberal nombró presidente al jefe de la oposición, Cánovas del Castillo, quien, al volver al poder, designó a su vez presidente a Segismundo Moret.

Una élite plural Integraban la CRS dieciséis personalidades, representantes de las distintas tendencias políticas y corrientes de opinión. Muy destacable fue el nombramiento de un republicano histórico, Gumersindo de Azcárate, como secretario en un primer momento y vicepresidente después. Él fue el inspirador y motor principal de la comisión. Posteriormente, fue designado presidente del Instituto de Reformas Sociales, organismo creado para sustituir a la CRS. La edad media estaba entre los treinta y cincuenta años, y su procedencia era fundamentalmente de la periferia del país. Predominaban los miembros con estudios jurídicos, seguidos por los de medicina e ingeniería.

Destacaban los catedráticos de Universidad y profesores de la Institución Libre de Enseñanza, además de dos economistas, un periodista y tres títulos nobiliarios. Formaban parte de instituciones culturales y Academias, con cargos de responsabilidad en el Ateneo, Academia de Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia, Fomento de las Artes e Institución Libre de

Enseñanza. Había, sin embargo, una ausencia significativa: el sector obrero. Sin embargo, esta elite intelectual asumía un papel tutelar y defensor de los trabajadores y sentía que era ella quien debía marcar el camino a seguir. A los obreros sólo les competía una función informadora sobre su situación y necesidades.

La Comisión nació para recabar datos y opiniones sobre el problema social y potenciar medidas para su solución. Para ello instauraron comisiones en todas las capitales –excepto en Madrid, sede de la Comisión Central– y locales en poblaciones relevantes por su pobreza o conflictividad. Unas y otras pusieron en marcha la consulta al país por medio de un sistema de informaciones orales y escritas, para obtener la más amplia participación de todas las asociaciones obreras, círculos, ateneos e instituciones públicas y privadas, culturales, benéficas y económicas.

Comisiones desequilibradas Las comisiones estaban abiertas a la representación obrera y patronal. La representación era paritaria, con diez miembros por cada parte en las comisiones provinciales, y cinco en las locales.

Pero este equilibrio poco a poco se inclinó a favor de profesiones liberales del ámbito jurídico y educativo y representantes de la Administración.

Formaban parte dos abogados elegidos libremente, el fiscal, el juez de primera instancia, el juez municipal, el presidente de la Audiencia, el registrador de la propiedad y un notario, dos profesores de Universidad o de Instituto, uno de escuela normal y uno de instrucción primaria, además de dos médicos, un arquitecto, un ingeniero y dos representantes de la prensa. Instituciones como la Iglesia o el Ejército introdujeron dos representantes cada una, además de las autoridades (gobernador, alcalde, diputados, delegado de Hacienda, jefe de la sección de Fomento).

En caso de haber Sociedad Económica de Amigos del País, incorporaba también a su representante. De este modo, el total de los componentes de las comisiones provinciales quedó en cincuenta y dos miembros. Las locales siguieron el mismo modelo, según sus posibilidades, y las integraron veintidós miembros.

Gumersindo de Azcárate, muy intere

Sado por la sociología, se encargó de redactar el Cuestionario. Elaboró una amplia encuesta, de 32 apartados, desarrollados en 223 preguntas, como instrumento de análisis de la situación social. En cierto modo, inició la institucionalización de la investigación sociológica en España. El Cuestionario no planteaba preguntas generales o ambiguas, sino que cada apartado se desglosaba en varios puntos. Se trataba de una encuesta rigurosa, avanzada para la época, y que aplicaba el método de cuestionario abierto o encuesta de opinión, para que, en caso de que alguien no pudiera responder de manera concreta, pudiera ofrecer su parecer.

La composición de las comisiones y el Cuestionario traslucían el ideario reformista del propio Azcárate. El orden de las preguntas predisponía a una reflexión conducente a las soluciones previstas. Los cuatro primeros apartados se pueden ver como un análisis de la relación entre las clases: Gremios, Huelgas, Jurados Mixtos y Asociación.

Otras preguntas se dedicaban a la situación económica y laboral obrera, con apartados sobre el trabajo de las mujeres y los niños. En conjunto, las preguntas no se reducían al mero ámbito económico, sino que abarcaban el nivel cultural, religioso y político.

Tras el apartado del salario, se incluían preguntas sobre la participación en los beneficios, si se cobraba en metálico o se depositaba en cajas de ahorro.

Interesaban mucho los puntos de vista sobre las instituciones de previsión, crédito y seguro, el funcionamiento de la beneficencia y los índices de emigración.

Azcárate y su grupo se mostraban partidarios de un intervencionismo más social que estatal. Según él, en la solución del problema social, el individuo debía inspirarse en la solución cristiana; la sociedad, en la socialista; y el Estado, en la individualista. Esta

Ba convencido de que las condiciones de vida obrera mejorarían con el desarrollo de asociaciones e instituciones de ahorro y previsión, y que los jurados mixtos y la participación de beneficios en las empresas favorecerán la armonía social. El Estado debía facilitar esas iniciativas, proteger a las mujeres y niños de los abusos laborales, y reglamentar sobre la salubridad y seguridad en el trabajo y el socorro a los inválidos.

La CRS se enfrentó al rechazo de las organizaciones obreras y a la indiferencia generalizada de otros grupos sociales.

Desde el principio, el recién fundado Partido Socialista (PSOE) rechazó la Comisión como organismo burgués. Pero aprovechó la plataforma que le brindaba para convencer a los trabajadores de lo inútil del ideario reformista, denunciar los abusos laborales y hacer propaganda de su propio partido.

Desde la Federación de Trabajadores Regional Española (FTRE) se lanzaron circulares críticas con la CRS, invitando a la no participación, pues nada bueno podía esperarse de ella, dado su carácter político y autoritario: los anarquistas no podían hacer de comparsa. Calificaban a Moret de “cocinero de los pobres”, y a su comisión, de “parto de los montes”. Sólo accedieron a colaborar algunos obreros de sociedades de socorros mutuos, dirigidos por los propios reformadores y por compartir el

Mismo ideario, y algunos representantes de oficios que ofrecen datos concretos de la situación económica y sus necesidades.

Propietarios e industriales mostraron también indiferencia frente a la Comisión.

Por su carácter informativo, no le

Concedían demasiada importancia .

Sólo se publicaron las respuestas de cuatro industriales de Navarra, con información sobre salarios, horario y funcionamiento de sus fábricas, y la de otro valenciano. Entre los informes de los propietarios, destacan por su amplitud el de Isidro Benito, de Ávila, de hondo contenido social y buen conocimiento del tema; y el de un terrateniente palentino, Crisanto Herrero, que, consideraba que no era el problema obrero lo que debía preocupar, sino el desarrollo de la riqueza y la prosperidad, para lo que instaba a la rebaja de impuestos.

Más libros y menos vino A pesar de la confianza depositada en las profesiones liberales por los promotores, su participación fue baja. Maestros y profesores opinaban sobre la instrucción y trabajo del niño, mostrándose favorables a la reforma educativa. Los médicos muestran un buen conocimiento de las carencias alimenticias y de las pésimas condiciones de las viviendas obreras, aunque consideran que podían mejorar si el obrero se instruía y acudía menos a la taberna.

Las primeras aportaciones de la CRS significaron un paso importante en la génesis de la política social del Estado.

Iniciaron la institucionalización de los estudios sociológicos en España.

Introdujeron cambios en los valores y las estrategias de ciertas élites, más preocupada por el análisis de los problemas sociales que por su represión.

Dieron lugar a una reflexión sobre el estado social del país, materializada en un rico acervo de datos. Ofrecieron a sectores obreros la posibilidad de exponer su situación y permitieron a otros manifestar sus diferencias o su oposición. Los socialistas se sirvieron de ella para difundir su programa y su oposición abierta. En cierta manera, la Comisión pagó las consecuencias de haberse adelantado al momento social, lo que explica el escaso eco despertado, el rechazo inicial de organizaciones obreras y de la indiferencia de otros grupos sociales e incluso del propio Gobierno. Pero, en definitiva, el grupo fundador logró su objetivo: el reconocimiento de la existencia del problema social.

En 1890, se reestructuró la CRS y recibió un nuevo impulso tras varios años de abandono, ya que en los comienzos de la última década del siglo varios acontecimientos ayudaron a potenciar el reformismo: la publicación de la encíclica Rerum Novarum; la celebración de la Conferencia de Berlín sobre tema social; la celebración del Primero de Mayo; la implantación en España del sufragio universal y la publicación de los resultados, recogidos por la propia Comisión, contribuyeron a crear un clima más propicio para institucionalizar la reforma social.

El tema del intervencionismo cobra

Actualidad y pasa a primer plano en Academias, Ateneos, Círculos… Al grupo institucionista se le suma un sector representativo del catolicismo social, partidario del intervencionismo estatal y también hay cambios en la estrategia del Partido Socialista, que comienza a considerar las reformas como el primer paso en su ideario revolucionario.

En 1890 se reestructuró la CRS, que mejoró su organización y sus competencias y se convirtió en órgano consultivo del Gobierno para temas sociolaborales.

Uno de los primeros trabajos tras su reestructuración fue el estudio de las reivindicaciones obreras del Primero de Mayo.

La atmósfera y Las Batuecas Azcárate, de nuevo, redactó un cuestionario con el título La limitación de las horas de trabajo, con preguntas muy concretas, referidas a si la medida debía alcanzar a todas las industrias y en todas las localidades; si para hacer efectiva la limitación debía llegarse a un acuerdo de todas las naciones y cuales serían sus consecuencias en el salario y en el trabajo a destajo. La encuesta se envió exclusivamente a sociedades obreras, o relacionadas con el mundo obrero; en total, a 453 asociaciones.

Las críticas no se hicieron esperar. El Socialista publicó un artículo titulado Salir del paso, donde consideraba la encuesta una fórmula para hacer creer a los proletarios incautos que se preocupaban de sus reclamaciones. Censuraban a la Comisión por molestarse en elaborar un cuestionario, cuyas respuestas estaban implícitas en las mismas peticiones obreras e invitaban a las distintas sociedades obreras a que guardaran silencio o a que se remitieran a las peti

Ciones del Primero de Mayo. Unos días antes, el mismo periódico comentaba: “Hay una comisión, llamada de reformas sociales, y suele reunirse, pero debe ser para hablar de la atmósfera o de Las Batuecas, porque esas reformas no aparecen por ninguna parte”. Ahora, ante lo que consideraban un conato de timo, sólo cabía guardar silencio o contestar diciendo que se seguiría luchando para arrancar por fin a la clase capitalista la jornada de las ocho horas. La llamada socialista tuvo éxito en Barcelona, Madrid y Vizcaya.

Miedo a la política Otro grupo amplio de sociedades tampoco contestó al cuestionario, pero su razón era distinta. Justificaron su silencio diciendo que se lo impedían sus estatutos, por tratarse de sociedades de socorros mutuos, benéficos o culturales,

o bien porque no le veían aplicación posible en el trabajo a que se dedican,

o por no tener tiempo suficiente para elaborar las respuestas. En el fondo latía cierto miedo a verse implicadas en la politización del tema. Un buen número de sociedades simplemente no contestó. Entre las que sí lo hicieron, no faltaron críticas contra la regulación de la jornada laboral por parte del Estado, porque suponía un atentado contra la libertad, no permitía la diferenciación moral y pecuniaria entre el obrero trabajador y el holgazán y en definitiva porque el Estado no debía intervenir en las relaciones entre los obreros y los industriales.

El propio Azcárate consideraba antijurídico e inútil legislar sobre el horario laboral, negaba al Estado capacidad de impedir el trabajo sin limitación de horario en las empresas domésticas y consideraba imposible su cumplimiento en el campo. Lo que sí pedía Azcárate al Estado es que diera ejemplo y redujera el horario de sus empleados.

Se aceptaba cada vez más un intervencionismo tutelar, pero hubo que esperar años para que en España se legislara sobre las ocho horas.

En octubre de 1899, Eduardo Dato le envió, para que informara, los proyectos de ley sobre trabajo de mujeres y niños, descanso dominical y otro relativo a los niños dedicados habitualmente a la mendicidad o abandonados por sus padres. Posteriormente, en 1901, el Ministerio de Estado le remitió un anteproyecto de ley de emigración, destinado a evitar los abusos de los contratistas de emigrantes. En 1902, año muy conflictivo, sobre todo en Andalucía y Extremadura, se pidió a la CRS desde el Ministerio de Gobernación un estudio sobre las condiciones de vida de los trabajadores del campo en estas regiones, a fin de completar los datos ya recogidos por la Sección de Orden Público con ocasión de las huelgas.

Una vez aprobadas en 1900 las primeras leyes sobre trabajo de mujeres y niños y sobre accidentes de trabajo, se le encargó la elaboración de reglamentos para la práctica de dichas leyes.

No cabe duda de la importante tarea realizada por la CRS en las primeras leyes laborales. Simultáneamente, nacieron las Juntas de Reformas Sociales, encargadas de la inspección de las mismas leyes. Se han criticado reiteradamente la labor limitada de la CRS y sus proyectos por tímidos y paternalistas, pero se puede considerar su labor prelegislativa relevante y básica de lo que más tarde será el Derecho del Trabajo.

Los inicios del Estado Social El camino fue lento. No era fácil articular políticas sociales coherentes en sociedades cada vez más complejas, pero en el comienzo del siglo XX ya se empezaban a dar los primeros balbuceos de lo que será posteriormente el Estado Social. La fuerza que poco a poco va adquiriendo la reforma social implica cambios institucionales. En 1902, se elaboró un proyecto, frustrado, de creación de un Instituto de Trabajo, vinculado al Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas y, por tanto, separado ya del Ministerio de la Gobernación, base de lo que un año más tarde fue el Instituto de Reformas Sociales. De 1908 es el Instituto Nacional de Previsión, encargado de poner en marcha los seguros sociales.

El consenso a favor de las reformas sociales fue aumentando y la participación en estas nuevas instituciones cada vez es más amplia. Los socialistas, especialmente críticos en sus comienzos, trabajan ahora en la gestión de la política social que se realizaba desde estas nuevas instituciones. La modernidad de muchos de sus planteamientos o lo limitado de otros han podido comprobarse en los debates y controversias habidos a lo largo del siglo XX y que continuarían en el XXI.

Dolores de la Calle