En realidad, todos somos Excalibur

Listos para el yugo

Listos para el yugo

Llama la atención que, habiendo sufrido España el peor atentado del terrorismo yihadista en Europa el 11 de marzo de 2004 con 192 muertos y miles de heridos, no haya habido ninguna fuerza política, organización de la sociedad civil o institución pública que llamara este domingo a manifestarse contra el terror y por la libertad de expresión tras el ataque al semanario Charlie Hebdo. Las pequeñas concentraciones de residentes franceses en nuestro país o de la comunidad musulmana en Madrid o la iniciativa de un grupo de dibujantes en Galicia palidecían de vergüenza en comparación con las multitudes reunidas en Londres, Washington, Berlín y otras capitales.

Llama la atención que, habiendo sufrido España décadas de terrorismo etarra en cuya lucha y derrota fue decisiva la colaboración francesa, nada ni nadie haya convocado a la solidaridad con Francia o que, ni tan siquiera, el lehendakari Urkullu acudiera a la manifestación de París.

Llama la atención que una sociedad como la española, cuyo comportamiento hacia la minoría musulmana tras el 11-M fue ejemplar, no haya reaccionado.

Llama la atención que, en un país que recuperó las libertades hace menos de 40 años, nadie se haya sentido concernido para manifestarse públicamente contra el asesinato de 17 personas, 11 de ellas empleados de una revista.

Llama la atención que, una sociedad como la española, proclive a la importación masiva y unánime de cualquier moda extranjera y a manifestarse por cualquier pamplina, como el descenso de un equipo de fútbol –en Madrid hubo en 2014 un promedio de 8 manifestaciones al día-, nada ni nadie se sintiese impelido a salir a la calle.

Llama la atención que centenares de españoles se manifestaran espontáneamente hace tan solo unos meses en contra de que un animal doméstico fuese sacrificado y que se creara hasta un hastag – #salvemosaExcalibur- en solidaridad con la suerte del perro de la enfermera contagiada con ébola y no lo hicieran ahora.

Llama la atención que todavía tenga tanto peso el aislamiento histórico de España, que aún concibamos la discusión como preludio de la violencia o que entre nosotros la pasividad pueda ser un valor social.

Llama dramáticamente la atención, por último, que parezca que los españoles valoremos tan poco la libertad.

 

Luis Prados. El País.

Lista de aspirantes carlistas a la corona española

carlistasCarlos (V) María Isidro de Borbón y Borbón (1788-1855) Infante de España.

Educado como un príncipe católico, asumió los ideales contrarrevolucionarios desde muy joven, siendo considerado el heredero de su hermano Fernando VII, con quien siempre estuvo estrechamente unido hasta el conflicto dinástico provocado por el nacimiento de la futura Isabel II en1830.

Defensor de sus derechos dinásticos y de los de sus hijos, fue exiliado discretamente a Portugal y Gran Bretaña con su familia. Se trasladó clandestinamente a España en 1834, liderando a sus defensores tradicionalistas y católicos durante la Primera Guerra Carlista (1833-1840). Exiliado y vigilado en Francia, firmó su abdicación en su hijo mayor en 1845, aconsejado por algunos líderes legitimistas y el papa Gregorio XVI, retirándose al Piamonte y, más tarde, a Trieste, donde falleció.

María Francisca de Asís de Braganza y Borbón (1800-1834) Infanta de Portugal y España, contrajo matrimonio con el infante don Carlos María Isidro en1816.

Junto a su hermana, la princesa de Beira, y su esposo formaron un partido cortesano contrarrevolucionario y enemigo de cualquier transacción con el liberalismo durante el reinado de Fernando VII. Falleció en el exilio en Gran Bretaña donde fue enterrada con honores de reina.

María Teresa de Braganza y Borbón (1793-1874) Infanta de Portugal y España, hija primogénita de los reyes Juan VI de Braganza y de Carlota Joaquina de Borbón, fue más conocida con el título de princesa de Beira.

Contrajo primeras nupcias con el infante don Pedro Carlos en 1810, de cuya unión nació su único vástago, el infante don Sebastián Gabriel, futuro general carlista. En 1821 se trasladó a España, donde pronto se conocieron sus ideas contrarrevolucionarias y tradicionalistas.

Acompañó en el exilio a su hermana y sobrinos, contrayendo nuevo matrimonio con su cuñado don Carlos María Isidro en

1838. De carácter decidido y tenaz, se opuso a cualquier claudicación política en los años de exilio, animando a la lucha y la resistencia a los carlistas.

Tras la muerte de Carlos VI y las declaraciones liberales de Juan III, firmó su famosa Carta a los españoles, donde declaró la legitimidad de ejercicio por encima de la de origen, invalidando la candidatura de su hijastro y presentando a su nieto Carlos VII como candidato al trono español.

Carlos (VI) de Borbón y Braganza (1818-1861) Conde de Montemolín.

En 1845 publicó un manifiesto conciliador con el programa mínimo del carlismo, con la intención de hacer realidad un posible enlace con su prima Isabel II. La boda de la reina de España con Francisco de Asís de Borbón frustró ese proyecto y fue una de las causas del estallido de la llamada por algunos Segunda Guerra Carlista (1846-1849) o Guerra dels Matiners.

A pesar de sus intentos por pasar la frontera, nunca pudo unirse a sus fuerzas que fueron derrotadas finalmente, lo que provocó una crisis que le llevaría a renunciar brevemente a sus derechos. En 1860, tras el frustrado levantamiento militar de San Carlos de la Rápita, Carlos Luis fue capturado por las fuerzas isabelinas y obligado a renunciar a sus derechos.

Murió al año siguiente sin sucesión directa.

María Carolina de Borbón y Borbón (1820-1861) Princesa de las Dos Sicilias, contrajo matrimonio con el conde de Montemolín en el Palacio Real de Caserta, en Nápoles, en 1850. De carácter dócil, apoyó las aspiraciones políticas de su marido, asistiendo al final de sus días a la caída de la dinastía de los Borbones de los tronos de las Dos Sicilias y Parma, como consecuencia del proceso de unidad italiano.

Juan (III) de Borbón y Braganza (1822-1887) Conde de Montizón. Las diferencias entre su esposa, tradicionalista católica, y su pensamiento, cada vez más liberal, motivaron una discreta separación.

Lingüista, deportista, incansable viajero, fue conocido en su tiempo por su amplia cultura. En 1860 declaró abiertamente sus deseos de ser reconocido como rey de España, aceptando el régimen constitucional. La princesa de Beira y otros destacados jefes carlistas le solicitaron que aceptara los principios tradicionales o que abdicara en su hijo mayor. Don Juan se negó a ello, reconociendo públicamente a Isabel II tres años más tarde. Tras una serie de frustradas iniciativas políticas, abdicó en su hijo en 1868, luchando bajo sus banderas en la última Guerra Carlista.

María Beatriz de Austria-Este (1824-1906) Archiduquesa de Austria, hija de Francisco IV, duque soberano de Módena, Reggio y Mirandola, contrajo matrimonio en 1847 con el infante don Juan de Borbón. Su catolicismo tradicional y sus opiniones contrarrevolucionarias marcaron su vida, centrada en la educación de sus hijos y en actividades benéficas. Escritora incansable de literatura religiosa, se retiró al convento de monjas carmelitas de Graz (Austria).

Fernando de Borbón y Braganza (1824-1861) Infante de España, vivió la mayor parte de su vida en el exilio en diversos países europeos.

Fiel a su padre y a su hermano Carlos VI, participó en el intento de San Carlos de la Rápita.

Las muertes de don Fernando, el 1 de enero de 1861 y, doce días más tarde, de su hermano Carlos Luis y su cuñada, provocaron rumores sobre un posible triple envenenamiento, pese al anuncio oficial de fallecimiento por tifus.

Carlos (VII) María de los Dolores de Borbón y Austria-Este (1848-1909) Duque de Madrid, fue uno de los monarcas más populares de los carlistas.

Con la publicación de su primer manifiesto, en 1869, comenzó una nueva oportunidad para las armas legitimistas.

Tras una frustrada intentona de alzamiento, intentó confiar el movimiento al general Dentro de la ideología legitimista, la Corona fue una de las instituciones más importantes de su sistema político, y sus titulares lideraron el movimiento en los siglos XIX y XX.

Margarita de Borbón-Parma (1847-1893) Hija de Fernando Carlos III, duque de Parma, y de la princesa Luisa de Francia.

Contrajo matrimonio con Carlos VII en 1867, organizando labores de asistencia médica y beneficencia en el campo carlista durante la guerra de 1872-1876, por lo que fue reconocida como “el ángel bueno”. Sufrió con coraje continuas infidelidades matrimoniales de su esposo, lo que aumentó su popularidad entre las masas carlistas.

Berta de Rohan-Guémenée (1860-1945) Contrajo matrimonio con Carlos VII en 1894, residiendo en el palacio Loredán de Venecia.

Numerosos carlistas criticaron su influencia sobre el pretendiente, acusándola de provocar el alejamiento físico del príncipe don Jaime y su soltería, al negarse a favorecer su matrimonio con una princesa de sangre real.

Alfonso Carlos (I) de Borbón y Austria-Este (1849-1936) Duque de San Jaime, fue oficial zuavo del ejército pontificio.

Casado, desde 1871, con la infanta María de las Nieves de Braganza (1852-1941), asumió la dirección de las fuerzas legitimistas en el frente de Cataluña y el Maestrazgo durante la última Guerra Carlista.

A la muerte de su sobrino don Jaime, fue reconocido como monarca por los carlistas, aceptando la participación de las unidades de requetés en el alzamiento del 18 de julio de 1936. Murió sin sucesión en septiembre de ese mismo año, atropellado por un camión en Viena.

Jaime (III) de Borbón y Borbón (1870-1931) Educado rígidamente en diversas academias militares de Austria y Rusia, fue oficial del ejército zarista, participando en las guerras de China (1900) y ruso-japonesa (1903-1904). Cuando sucedió a su padre, halló el movimiento carlista dividido y demasiado débil para intentar una nueva insurrección, por lo que apoyó su participación electoral y parlamentaria en España. Durante la I Guerra Mundial (1914-1918) , el carlismo se escindió en dos bandos: el jaimista, partidario de la neutralidad, y el germanófilo, acaudillado por Vázquez de Mella. El 6 de marzo de 1925, don Jaime dio a conocer un manifiesto crítico con la dictadura de Primo de Rivera, lo cual fragmentó aún más la débil unidad de los carlistas.

Antes de fallecer soltero y sin sucesión directa, firmó un prudente manifiesto ante la proclamación de la Segunda República, aconsejando a sus fieles que ayudaran, sobre todo, al mantenimiento del orden público.

Blanca de Borbón (1868-1949) Primogénita de Carlos VII, contrajo matrimonio en 1889 con Leopoldo Salvador de Habsburgo (1863-1931), archiduque de Austria-Toscana, con el que tuvo diez hijos. A la extinción masculina de la dinastía carlista en 1936, tras la muerte de su tío don Alfonso Carlos I, en ella recaerían –según sus partidarios– los derechos de la rama en litigio.

Carlos (VIII) de Habsburgo y Borbón (1909-1953) Archiduque de Austria, hijo menor de la infanta doña Blanca, fue reconocido como heredero de los derechos dinásticos de la rama legitimista por aquellos carlistas que no aceptaron la regencia ni la candidatura de los Borbón- Parma. Contrajo matrimonio con Cristina Satzger de Bálványos en 1938, con la que tuvo dos hijas, Alejandra e Inmaculada.

Javier (I) de Borbón-Parma y Braganza (1889-1977) Duque de Parma, casado en 1927 con Magdalena de Borbón- Bousset (1898-1984), asumió la regencia al fallecer don Alfonso Carlos I en 1936, adoptando un difícil equilibrio a favor de la oposición moderada y a la expectativa del régimen franquista. Tras la II Guerra Mundial, don Javier intentó evitar la desunión entre las diversas familias carlistas, asumiendo la titularidad de los derechos dinásticos en 1957.

El 20 de abril de 1975 anunció oficialmente su abdicación a favor de su hijo Carlos Hugo, pese a sus diferencias ideológicas.

Carlos Hugo (I) de Borbón-Parma (1930) Duque de Parma, estudió Ciencias Económicas en la Universidad de Oxford y Ciencias Políticas en la Sorbona y fue presentado como príncipe de Asturias por su padre en Montejurra, el 5 de mayo de 1957. Tras la proclamación de don Juan Carlos de Borbón como sucesor a título de rey por Franco, finalizó su etapa de colaboración con el régimen franquista, situándose, junto a la mayor parte de su familia, en la oposición política, asumiendo postulados propios del socialismo autogestionario.

El movimiento carlista se dividió nuevamente y Carlos Hugo asumió la dirección de un nuevo Partido Carlista que se incorporó a la Junta Democrática de España (15 de septiembre de 1974) junto al Partido Comunista y otras agrupaciones de izquierda, y a la Plataforma de Convergencia Democrática (20 de abril de 1975). Tras las elecciones de 1979, el descalabro electoral de su partido le llevó a renunciar a su jefatura y dirección política. Tras separarse de su esposa, se trasladó a Estados Unidos, impartiendo clases en la Universidad de Harvard. En 2002 cedió el archivo histórico de los Borbón- Parma al Ministerio de Cultura.

Irene de Orange-Nassau (1939) Princesa de Lippe-Biesterfeld, hija de la reina Juliana de los Países Bajos y del príncipe Bernardo. Tras su matrimonio en 1964, en Roma, con Carlos Hugo, tuvo cuatro hijos: Carlos Javier (1970), los infantes gemelos Margarita y Jaime (1972) y María Carolina (1974). Tras su divorcio en 1981, ha vivido totalmente alejada de la vida política y oficial de la Corte holandesa.

Sixto Enrique de Borbón Parma (1940) Enfrentado a la línea ideológica de su hermano Carlos Hugo –el socialismo autogestionario–, se le ha relacionado continuamente con grupos de extrema derecha.

Algunos carlistas trataron de presentarlo en los años sesenta como pretendiente frente a su hermano.

ANTONIO MANUEL MORAL RONCAL 

Historia de la clase obrera en España

Un artesano de Valencia con su familia, en un rincón del taller.  Los cuestionarios de la CRS sobre la vida de los trabajadores institucionalizaron la investigación sociológica en España.

Un artesano de Valencia con su familia, en un rincón del taller. Los cuestionarios de la CRS sobre la vida de los trabajadores institucionalizaron la investigación sociológica en España.

Durante las últimas décadas del siglo XIX, un grupo de intelectuales españoles vinculados a la Institución Libre de Enseñanza pergeñó un programa de reformas sociales. Conocían las malas condiciones de vida de los trabajadores, la insuficiencia de los salarios, las largas jornadas laborales, la imposibilidad de asistir a la escuela de muchos niños, obligados a trabajar, la falta de higiene o insalubridad de los talleres y los frecuentes accidentes laborales. Además, estaban preocupados por los visos perceptibles del conflicto social.

Con una concepción organicista de la sociedad, e ilusionada por los estudios sociológicos, esta élite intelectual aprovechó la llegada al Ministerio de Gobernación de uno de sus miembros, Segismundo Moret, en el gabinete de Posada Herrera, para llevar a la práctica su ideario reformista. En 1883, Mo

Ret creó una Comisión para el estudio de las cuestiones que interesan a la mejora o bienestar de las clases obreras tanto agrícolas como industriales y que afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo.

Con la reestructuración de 1890, pasó a denominarse simplemente Comisión de Reformas Sociales (CRS). Su misión era elaborar dictámenes sobre medidas legales concretas.

De modo expreso, se enumeraban algunas prioridades: el fomento de jurados mixtos, para favorecer las relaciones de obreros y patronos; la instauración de Cajas de retiros y de socorros para enfermos e inválidos; la regulación del trabajo de mujeres y niños; medidas de higiene y salubridad en los talleres; creación de instituciones de crédito agrícola; y la adopción de disposiciones para favorecer las sociedades de socorros mutuos y cooperativas, y a estimular la construcción de viviendas obreras.

El grupo fundador pretende potenciar una cultura política más solidaria entre los distintos grupos sociales y el desarrollo de un Estado tutelar, encargado de evitar abusos. Los responsables de la iniciativa buscaron la colaboración de conservadores y católicos.

Deseaban que la CRS no se convirtiera en una cuestión de partido, sino que quedara vinculada a la Monarquía, planteando la cuestión social como una cuestión de Estado. En consecuencia, el Gobierno liberal nombró presidente al jefe de la oposición, Cánovas del Castillo, quien, al volver al poder, designó a su vez presidente a Segismundo Moret.

Una élite plural Integraban la CRS dieciséis personalidades, representantes de las distintas tendencias políticas y corrientes de opinión. Muy destacable fue el nombramiento de un republicano histórico, Gumersindo de Azcárate, como secretario en un primer momento y vicepresidente después. Él fue el inspirador y motor principal de la comisión. Posteriormente, fue designado presidente del Instituto de Reformas Sociales, organismo creado para sustituir a la CRS. La edad media estaba entre los treinta y cincuenta años, y su procedencia era fundamentalmente de la periferia del país. Predominaban los miembros con estudios jurídicos, seguidos por los de medicina e ingeniería.

Destacaban los catedráticos de Universidad y profesores de la Institución Libre de Enseñanza, además de dos economistas, un periodista y tres títulos nobiliarios. Formaban parte de instituciones culturales y Academias, con cargos de responsabilidad en el Ateneo, Academia de Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia, Fomento de las Artes e Institución Libre de

Enseñanza. Había, sin embargo, una ausencia significativa: el sector obrero. Sin embargo, esta elite intelectual asumía un papel tutelar y defensor de los trabajadores y sentía que era ella quien debía marcar el camino a seguir. A los obreros sólo les competía una función informadora sobre su situación y necesidades.

La Comisión nació para recabar datos y opiniones sobre el problema social y potenciar medidas para su solución. Para ello instauraron comisiones en todas las capitales –excepto en Madrid, sede de la Comisión Central– y locales en poblaciones relevantes por su pobreza o conflictividad. Unas y otras pusieron en marcha la consulta al país por medio de un sistema de informaciones orales y escritas, para obtener la más amplia participación de todas las asociaciones obreras, círculos, ateneos e instituciones públicas y privadas, culturales, benéficas y económicas.

Comisiones desequilibradas Las comisiones estaban abiertas a la representación obrera y patronal. La representación era paritaria, con diez miembros por cada parte en las comisiones provinciales, y cinco en las locales.

Pero este equilibrio poco a poco se inclinó a favor de profesiones liberales del ámbito jurídico y educativo y representantes de la Administración.

Formaban parte dos abogados elegidos libremente, el fiscal, el juez de primera instancia, el juez municipal, el presidente de la Audiencia, el registrador de la propiedad y un notario, dos profesores de Universidad o de Instituto, uno de escuela normal y uno de instrucción primaria, además de dos médicos, un arquitecto, un ingeniero y dos representantes de la prensa. Instituciones como la Iglesia o el Ejército introdujeron dos representantes cada una, además de las autoridades (gobernador, alcalde, diputados, delegado de Hacienda, jefe de la sección de Fomento).

En caso de haber Sociedad Económica de Amigos del País, incorporaba también a su representante. De este modo, el total de los componentes de las comisiones provinciales quedó en cincuenta y dos miembros. Las locales siguieron el mismo modelo, según sus posibilidades, y las integraron veintidós miembros.

Gumersindo de Azcárate, muy intere

Sado por la sociología, se encargó de redactar el Cuestionario. Elaboró una amplia encuesta, de 32 apartados, desarrollados en 223 preguntas, como instrumento de análisis de la situación social. En cierto modo, inició la institucionalización de la investigación sociológica en España. El Cuestionario no planteaba preguntas generales o ambiguas, sino que cada apartado se desglosaba en varios puntos. Se trataba de una encuesta rigurosa, avanzada para la época, y que aplicaba el método de cuestionario abierto o encuesta de opinión, para que, en caso de que alguien no pudiera responder de manera concreta, pudiera ofrecer su parecer.

La composición de las comisiones y el Cuestionario traslucían el ideario reformista del propio Azcárate. El orden de las preguntas predisponía a una reflexión conducente a las soluciones previstas. Los cuatro primeros apartados se pueden ver como un análisis de la relación entre las clases: Gremios, Huelgas, Jurados Mixtos y Asociación.

Otras preguntas se dedicaban a la situación económica y laboral obrera, con apartados sobre el trabajo de las mujeres y los niños. En conjunto, las preguntas no se reducían al mero ámbito económico, sino que abarcaban el nivel cultural, religioso y político.

Tras el apartado del salario, se incluían preguntas sobre la participación en los beneficios, si se cobraba en metálico o se depositaba en cajas de ahorro.

Interesaban mucho los puntos de vista sobre las instituciones de previsión, crédito y seguro, el funcionamiento de la beneficencia y los índices de emigración.

Azcárate y su grupo se mostraban partidarios de un intervencionismo más social que estatal. Según él, en la solución del problema social, el individuo debía inspirarse en la solución cristiana; la sociedad, en la socialista; y el Estado, en la individualista. Esta

Ba convencido de que las condiciones de vida obrera mejorarían con el desarrollo de asociaciones e instituciones de ahorro y previsión, y que los jurados mixtos y la participación de beneficios en las empresas favorecerán la armonía social. El Estado debía facilitar esas iniciativas, proteger a las mujeres y niños de los abusos laborales, y reglamentar sobre la salubridad y seguridad en el trabajo y el socorro a los inválidos.

La CRS se enfrentó al rechazo de las organizaciones obreras y a la indiferencia generalizada de otros grupos sociales.

Desde el principio, el recién fundado Partido Socialista (PSOE) rechazó la Comisión como organismo burgués. Pero aprovechó la plataforma que le brindaba para convencer a los trabajadores de lo inútil del ideario reformista, denunciar los abusos laborales y hacer propaganda de su propio partido.

Desde la Federación de Trabajadores Regional Española (FTRE) se lanzaron circulares críticas con la CRS, invitando a la no participación, pues nada bueno podía esperarse de ella, dado su carácter político y autoritario: los anarquistas no podían hacer de comparsa. Calificaban a Moret de “cocinero de los pobres”, y a su comisión, de “parto de los montes”. Sólo accedieron a colaborar algunos obreros de sociedades de socorros mutuos, dirigidos por los propios reformadores y por compartir el

Mismo ideario, y algunos representantes de oficios que ofrecen datos concretos de la situación económica y sus necesidades.

Propietarios e industriales mostraron también indiferencia frente a la Comisión.

Por su carácter informativo, no le

Concedían demasiada importancia .

Sólo se publicaron las respuestas de cuatro industriales de Navarra, con información sobre salarios, horario y funcionamiento de sus fábricas, y la de otro valenciano. Entre los informes de los propietarios, destacan por su amplitud el de Isidro Benito, de Ávila, de hondo contenido social y buen conocimiento del tema; y el de un terrateniente palentino, Crisanto Herrero, que, consideraba que no era el problema obrero lo que debía preocupar, sino el desarrollo de la riqueza y la prosperidad, para lo que instaba a la rebaja de impuestos.

Más libros y menos vino A pesar de la confianza depositada en las profesiones liberales por los promotores, su participación fue baja. Maestros y profesores opinaban sobre la instrucción y trabajo del niño, mostrándose favorables a la reforma educativa. Los médicos muestran un buen conocimiento de las carencias alimenticias y de las pésimas condiciones de las viviendas obreras, aunque consideran que podían mejorar si el obrero se instruía y acudía menos a la taberna.

Las primeras aportaciones de la CRS significaron un paso importante en la génesis de la política social del Estado.

Iniciaron la institucionalización de los estudios sociológicos en España.

Introdujeron cambios en los valores y las estrategias de ciertas élites, más preocupada por el análisis de los problemas sociales que por su represión.

Dieron lugar a una reflexión sobre el estado social del país, materializada en un rico acervo de datos. Ofrecieron a sectores obreros la posibilidad de exponer su situación y permitieron a otros manifestar sus diferencias o su oposición. Los socialistas se sirvieron de ella para difundir su programa y su oposición abierta. En cierta manera, la Comisión pagó las consecuencias de haberse adelantado al momento social, lo que explica el escaso eco despertado, el rechazo inicial de organizaciones obreras y de la indiferencia de otros grupos sociales e incluso del propio Gobierno. Pero, en definitiva, el grupo fundador logró su objetivo: el reconocimiento de la existencia del problema social.

En 1890, se reestructuró la CRS y recibió un nuevo impulso tras varios años de abandono, ya que en los comienzos de la última década del siglo varios acontecimientos ayudaron a potenciar el reformismo: la publicación de la encíclica Rerum Novarum; la celebración de la Conferencia de Berlín sobre tema social; la celebración del Primero de Mayo; la implantación en España del sufragio universal y la publicación de los resultados, recogidos por la propia Comisión, contribuyeron a crear un clima más propicio para institucionalizar la reforma social.

El tema del intervencionismo cobra

Actualidad y pasa a primer plano en Academias, Ateneos, Círculos… Al grupo institucionista se le suma un sector representativo del catolicismo social, partidario del intervencionismo estatal y también hay cambios en la estrategia del Partido Socialista, que comienza a considerar las reformas como el primer paso en su ideario revolucionario.

En 1890 se reestructuró la CRS, que mejoró su organización y sus competencias y se convirtió en órgano consultivo del Gobierno para temas sociolaborales.

Uno de los primeros trabajos tras su reestructuración fue el estudio de las reivindicaciones obreras del Primero de Mayo.

La atmósfera y Las Batuecas Azcárate, de nuevo, redactó un cuestionario con el título La limitación de las horas de trabajo, con preguntas muy concretas, referidas a si la medida debía alcanzar a todas las industrias y en todas las localidades; si para hacer efectiva la limitación debía llegarse a un acuerdo de todas las naciones y cuales serían sus consecuencias en el salario y en el trabajo a destajo. La encuesta se envió exclusivamente a sociedades obreras, o relacionadas con el mundo obrero; en total, a 453 asociaciones.

Las críticas no se hicieron esperar. El Socialista publicó un artículo titulado Salir del paso, donde consideraba la encuesta una fórmula para hacer creer a los proletarios incautos que se preocupaban de sus reclamaciones. Censuraban a la Comisión por molestarse en elaborar un cuestionario, cuyas respuestas estaban implícitas en las mismas peticiones obreras e invitaban a las distintas sociedades obreras a que guardaran silencio o a que se remitieran a las peti

Ciones del Primero de Mayo. Unos días antes, el mismo periódico comentaba: “Hay una comisión, llamada de reformas sociales, y suele reunirse, pero debe ser para hablar de la atmósfera o de Las Batuecas, porque esas reformas no aparecen por ninguna parte”. Ahora, ante lo que consideraban un conato de timo, sólo cabía guardar silencio o contestar diciendo que se seguiría luchando para arrancar por fin a la clase capitalista la jornada de las ocho horas. La llamada socialista tuvo éxito en Barcelona, Madrid y Vizcaya.

Miedo a la política Otro grupo amplio de sociedades tampoco contestó al cuestionario, pero su razón era distinta. Justificaron su silencio diciendo que se lo impedían sus estatutos, por tratarse de sociedades de socorros mutuos, benéficos o culturales,

o bien porque no le veían aplicación posible en el trabajo a que se dedican,

o por no tener tiempo suficiente para elaborar las respuestas. En el fondo latía cierto miedo a verse implicadas en la politización del tema. Un buen número de sociedades simplemente no contestó. Entre las que sí lo hicieron, no faltaron críticas contra la regulación de la jornada laboral por parte del Estado, porque suponía un atentado contra la libertad, no permitía la diferenciación moral y pecuniaria entre el obrero trabajador y el holgazán y en definitiva porque el Estado no debía intervenir en las relaciones entre los obreros y los industriales.

El propio Azcárate consideraba antijurídico e inútil legislar sobre el horario laboral, negaba al Estado capacidad de impedir el trabajo sin limitación de horario en las empresas domésticas y consideraba imposible su cumplimiento en el campo. Lo que sí pedía Azcárate al Estado es que diera ejemplo y redujera el horario de sus empleados.

Se aceptaba cada vez más un intervencionismo tutelar, pero hubo que esperar años para que en España se legislara sobre las ocho horas.

En octubre de 1899, Eduardo Dato le envió, para que informara, los proyectos de ley sobre trabajo de mujeres y niños, descanso dominical y otro relativo a los niños dedicados habitualmente a la mendicidad o abandonados por sus padres. Posteriormente, en 1901, el Ministerio de Estado le remitió un anteproyecto de ley de emigración, destinado a evitar los abusos de los contratistas de emigrantes. En 1902, año muy conflictivo, sobre todo en Andalucía y Extremadura, se pidió a la CRS desde el Ministerio de Gobernación un estudio sobre las condiciones de vida de los trabajadores del campo en estas regiones, a fin de completar los datos ya recogidos por la Sección de Orden Público con ocasión de las huelgas.

Una vez aprobadas en 1900 las primeras leyes sobre trabajo de mujeres y niños y sobre accidentes de trabajo, se le encargó la elaboración de reglamentos para la práctica de dichas leyes.

No cabe duda de la importante tarea realizada por la CRS en las primeras leyes laborales. Simultáneamente, nacieron las Juntas de Reformas Sociales, encargadas de la inspección de las mismas leyes. Se han criticado reiteradamente la labor limitada de la CRS y sus proyectos por tímidos y paternalistas, pero se puede considerar su labor prelegislativa relevante y básica de lo que más tarde será el Derecho del Trabajo.

Los inicios del Estado Social El camino fue lento. No era fácil articular políticas sociales coherentes en sociedades cada vez más complejas, pero en el comienzo del siglo XX ya se empezaban a dar los primeros balbuceos de lo que será posteriormente el Estado Social. La fuerza que poco a poco va adquiriendo la reforma social implica cambios institucionales. En 1902, se elaboró un proyecto, frustrado, de creación de un Instituto de Trabajo, vinculado al Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas y, por tanto, separado ya del Ministerio de la Gobernación, base de lo que un año más tarde fue el Instituto de Reformas Sociales. De 1908 es el Instituto Nacional de Previsión, encargado de poner en marcha los seguros sociales.

El consenso a favor de las reformas sociales fue aumentando y la participación en estas nuevas instituciones cada vez es más amplia. Los socialistas, especialmente críticos en sus comienzos, trabajan ahora en la gestión de la política social que se realizaba desde estas nuevas instituciones. La modernidad de muchos de sus planteamientos o lo limitado de otros han podido comprobarse en los debates y controversias habidos a lo largo del siglo XX y que continuarían en el XXI.

Dolores de la Calle